La elección de Barcelona como sede de la última estación antes de Copenhague es crucial. Nunca antes Cataluña había acogido un encuentro de tal transcendencia, tanto desde el punto de vista institucional como, sobre todo, desde el punto de vista ambiental, económico y social. Y esta no ha sido una elección casual. Los datos de emisiones en Cataluña ponen de manifiesto que había mucho trabajo que hacer, era una evidencia. Pero también los es que nos hemos puesto a trabajar en ello con resolución. Desde la incorporación en el año 2004 de 185 empresas catalanas al mercado de derechos de emisión, pasando por la creación de la Oficina Catalana del Cambio Climático y la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático en 2006, siguiendo por el proceso de la Convención Catalana del Cambio Climático en el año 2007 y la aprobación, por parte del Gobierno, en el 2008, del Plan Marco de Mitigación del Cambio Climático 2008-2012, el compromiso del Gobierno catalán es claro y firme. Y este compromiso se ha hecho patente también a escala internacional: en el Parlamento Europeo, a través de las redes internacionales como nrg4SD (Red de Gobiernos Regionales por el Desarrollo Sostenible) o The Climate Group, y en el marco de la coordinación de las políticas de clima en el Estado español, que asumirá la presidencia de la UE en enero.

También está claro el compromiso del mundo local. El proceso del Pacto de Alcaldes para impulsar la eficiencia energética y la reducción de emisiones enlaza con una larga tradición de sensibilización ambiental a través de las agendas 21 locales. Y también la sociedad civil catalana ha dado pasos decisivos. Todo esto no ha sido ajeno a la elección de Barcelona. Como tampoco lo ha sido la tradición de pacto y compromiso de Cataluña con el mundo. Por lo tanto, se trata de una gran oportunidad de mostrar el compromiso colectivo de Cataluña para transitar hacia una economía baja en carbono que permita abordar las causas del cambio climático y evitar sus efectos.

El encuentro de Barcelona debe servir para favorecer un acuerdo político transcendental en Copenhague. Dicho acuerdo es el más necesario y el más complejo de la historia. Nunca antes un problema ambiental ha tenido tanta transcendencia y unos efectos tan claros sobre la economía, la alimentación o los modelos urbanos y de movilidad. Que no sea sencillo no significa que no sea posible —puesto que es imprescindible—, y en Barcelona deben sentarse las bases para el acuerdo.

Para Cataluña hay también otro objetivo complementario. En diciembre del año pasado, en Poznan (Polonia), la delegación catalana incorporó una enmienda al texto de negociación, asumida por todas las redes internacionales de gobiernos subestatales. Dicha enmienda hace referencia a la necesidad del reconocimiento de los gobiernos regionales y locales en el acuerdo final, ya que son los que desarrollan buena parte de las políticas públicas en la lucha contra el cambio climático. Esto implica que todas las entidades públicas que tenemos competencias en este aspecto debemos ser parte activa en el despliegue del acuerdo de Copenhague, tal como lo somos en el Protocolo de Kioto. La enmienda sigue viva y velaremos por que este reconocimiento esté presente.

Francesc Baltasar
Consejero de Medio Ambiente y Vivienda
Presidente de la Comisión Interdepartamental del Cambio Climático
Generalitat de Catalunya